La tecnología toma y la ciudad devuelve.

En la ciudad de Quito en los últimos años el municipio ha luchado por ejercer su poder regulatorio en el ámbito del transporte, sobre los gremios y asociaciones de taxis irregulares, de forma que el impacto en las asociaciones legalmente establecidas sea reducido. Este esfuerzo podría ser vano e inútil con la adhesión de la sociedad, que utiliza este servicio de transporte en la ciudad, a sistemas de localización de taxis mediante pequeñas aplicaciones instaladas en los teléfonos con acceso a la internet.

El poder de regular.

Originalmente, es el municipio el ente con la facultad de regular los gremios y asociaciones de automotores que prestan su servicio como taxis en Quito. Este ente determina que cooperativas están autorizadas a operar, y además, intenta llevar control sobre el número de unidades que recorren las calles de la ciudad.

Cuando el número de automotores que ofrecían el servicio, sin pertenecer a las asociaciones autorizadas, casi igualó al número de “taxis legales”, se puso en marcha un proceso masivo de regularización que permitiría retomar el control regulatorio sobre la actividad y actualizar el catastro de unidades.

Este proceso tuvo más de un incidente debido a que atacaba directamente los intereses de las asociaciones regulares que requieren del pago de una membresía a los nuevos integrantes con la promesa de que existe un mercado suficiente para recuperar la inversión inicial.

El traslado silencioso del poder.

Desde hace pocos meses, cuando parecía consolidarse el poder en la autoridad pertinente, apareció una tecnología que permite solicitar un taxi desde cualquier teléfono con acceso a la internet. El único requisito para el usuario es descargar la aplicación e instalarla en el dispositivo móvil. Con estos simples pasos uno está listo para utilizar un servicio que, por medio del sistema de posicionamiento global del dispositivo, está en la capacidad de determinar las unidades que se encuentran en el sector y estimar el tiempo en que estarían disponibles para brindar su servicio.

Por otra parte, el requerimiento para el conductor de la unidad que aspira brindar el servicio de taxis es presentarse con la matrícula del auto y su cédula de identidad en las oficinas de quienes ofrecen las aplicaciones para descarga. Para ejercer el oficio no es necesario un registro o autorización emitido por ninguna entidad adicional, solamente presentarse con la intención de servir.

Por este último punto, esta tecnología replicada en varias aplicaciones, comienza a competir con el gobierno municipal por el poder de decidir quien está habilitado y quien no para brindar el servicio de transporte privado en la ciudad; y así en el fondo regular la actividad sin que la sociedad comprenda del todo lo que ha implicado la descarga de esta aplicación.

El restablecimiento del poder.

Una vez que la sociedad adopte masivamente esta tecnología y la convierta en el procedimiento normal para solicitar un taxi, muy pocas de las nuevas unidades tendrán interés en participar del proceso de regulación si el único requisito para obtener parte del mercado disponible para la actividad requiere únicamente registrarse en la aplicación que cada uno considere tiene mayor cantidad de usuarios. O para el efecto podría simplemente registrarse en todas. Menos en el municipio, el ente con el poder regulatorio sobre la actividad.

Esto nos llevará a un punto en el que el gobierno local, nuevamente, se dará cuenta que no tiene el poder efectivo de regular la actividad y que su catastro de unidades es básicamente obsoleto. Y en esa situación lo más común es el intento de recuperar el campo perdido mediante medidas que en el mejor de los casos pueden ser calificadas como inadecuadas. Por ejemplo, una podría ser solicitar a los proveedores de internet el bloqueo de las aplicaciones relacionadas al servicio de taxis, que seguramente terminará incluyendo a los sistemas de navegación que utilizamos para encontrar una dirección. Otra, podría ser castigar con un impuesto la descarga de la aplicación con el perfil de conductor, costo que terminará siendo trasladado al servicio.

Pero, realmente la solución está en poner límites a esta tecnología. Es decir, establecer hasta que punto es conveniente utilizar esta tecnología sin que altere la forma en que, al menos por ahora, se regula en nuestra ciudad el servicio de taxis y se mantiene el listado de unidades habilitadas para brindar el servicio.

Esta es una tarea que puede no delegarse a nadie, más que a la sociedad que hace uso del servicio y es el mercado en disputa entre regulados e irregulares. La sociedad es la única que puede restablecer el poder a las instituciones que ella mismo ha elegido para que regulen una determinada actividad.

Entonces, es el usuario quien debe decidir de forma consciente si toma o no una unidad que no está regulada por el municipio; o en su defecto puede tomar la unidad no regulada y dejar una nota o comentario al emisor de la aplicación dejando ver su preocupación porque la unidad que ha brindado el servicio no cumple con las normas que actualmente rigen la actividad. La decisión por supuesto está sujeta a varios factores como el disponer del tiempo para esperar por otra unidad o la convicción de que esta no debería ser una actividad regulada porque todos tenemos derecho al trabajo.

Entonces, toda decisión es correcta en tanto y en cuanto estemos consientes de que nuestro proceder concede el poder de regular a la autoridad competente o a quienes luchan por un nicho en este mercado.

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